«Inaceptable» prolongar más de 30 días detenidos en centros de contención

Magistrados advierten a funcionarios que excesos en periodos de aislamiento pueden conllevar cometimiento de delitos como privación de libertad ilegal por autoridad.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió a las autoridades del Ministerio de Salud que prolongar más de 30 días el confinamiento en centros de contención de personas capturadas por supuestamente violar la cuarentena podría hacerlos incurrir en el cometimiento de un delito.

En una resolución de seguimiento a varias demandas de habeas corpus interpuestos por capturados, los magistrados constitucionalistas calificaron como «inaceptable» que personas pasen detenidas por más 30 días que el mismo Gobierno estableció como plazo contra quienes supuestamente salgan de casa sin justificación. Las capturas fueron impuestas en marzo por el Gobierno para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

Para esta valoración, la Sala tomó como base el anuncio que hizo el mismo Ministerio de Salud sobre los casos confirmados de la enfermedad covid-19 que no padezcan síntomas, quienes desde finales de mayo son enviados a casa para que permanezcan aislados. Esto para evitar la saturación de los centros de salud públicos debido a que la expansión del virus, según el Gobierno, está en etapa masiva, conocida como fase tres.

También, los magistrados citaron ejemplos de otras personas que estuvieron en cuarentena entre siete y 15 días. Tiempo válido si se toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el periodo de incubación del virus, agrega la Sala.

«La prolongación del confinamiento de las personas privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública», se lee en la resolución bajo la referencia HC 302-2020. A la vez, le ordena liberar a todos los detenidos que excedan de 30 días, con el recordatorio de que incumplir la orden puede conllevar a otro delito: desobediencia.

Algunos encargados de centros de contención argumentaron a la Sala que varias personas deben permanecer más de 30 días detenidos porque en esos lugares salió un caso positivo de covid-19, lo que los convierte en nexos y tienen que ser sometidos a otra prueba para descartar la enfermedad. «Este argumento no resulta nada justificado» para exceder el plazo de 30 días inicial, sentenció el tribunal.

Según el Código Penal de El Salvador, el artículo 290 castiga con prisión de tres a seis años la privación de libertad ilegal por funcionarios; pero puede aumentarse la pena dos años más cuando la privación excede de 48 horas. Mientras que el delito de desobediencia, en el artículo 322, impone penas de seis meses a un año de cárcel. Los dos ilícitos dejan inhabilitados de sus cargos a los responsables.